"El 6 de octubre de 2022, el Consejo de la Unión Europea, en relación con la situación en Ucrania, acordó medidas relativas a las sanciones que afectan a la prestación de servicios de asesoramiento jurídico. Así, se prohíbe la prestación, directa o indirectamente, de asesoramiento jurídico por parte de los abogados: al Gobierno de Rusia o a personas jurídicas, entidades u organismos establecidos en Rusia", explica el líder de los más de 35.000 abogados, en un comunicado enviado a todos los letrados.

Sin embargo, en el mismo texto, firmado por el presidente, Luís Menezes Leitão, aparecen cuatro excepciones, según un informe de ECO.

La prohibición no se aplica a la prestación de servicios estrictamente necesarios para el ejercicio del derecho de defensa en procesos judiciales y del derecho a la tutela judicial efectiva;

La prohibición no se aplica a la prestación de servicios estrictamente necesarios para garantizar el acceso a los procedimientos judiciales, administrativos o arbitrales en un Estado miembro, o para el reconocimiento o la ejecución de una sentencia o laudo arbitral dictado en un Estado miembro, siempre que dicha prestación de servicios sea compatible con los objetivos del presente Reglamento y del Reglamento (UE) nº 269/2014 del Consejo;

La prohibición no se aplica a la prestación de servicios destinados al uso exclusivo de personas jurídicas, entidades u organismos establecidos en Rusia que sean propiedad o estén controlados exclusiva o conjuntamente por una persona jurídica, entidad u organismo constituido o incorporado con arreglo a la legislación de un Estado miembro, un país miembro del Espacio Económico Europeo, Suiza o un país asociado enumerado en el anexo VIII;

La prohibición no se aplica a la prestación de servicios estrictamente necesarios para la finalización, antes del 8 de enero de 2023, de los contratos celebrados antes del 7 de octubre de 2022, o de los contratos auxiliares necesarios para la ejecución de dichos contratos.