Según el informe del grupo de trabajo de la OCDE, la detección de la corrupción "sigue siendo baja y las autoridades portuguesas archivan prematuramente" los casos de soborno de funcionarios públicos extranjeros "sin investigar a fondo y de forma proactiva las acusaciones pertinentes".

Según las conclusiones de la fase 4 de esta evaluación, el número de casos archivados ha aumentado significativamente en comparación con la fase anterior.

Desde la entrada en vigor de la Convención Anticorrupción de la OCDE, hace más de 20 años, Portugal no ha registrado ni una sola condena por soborno en el extranjero.

"A pesar de las recientes reformas, Portugal no ha abordado las antiguas preocupaciones del Grupo de Trabajo en relación con su marco jurídico, y las sanciones por soborno en el extranjero contra personas físicas y jurídicas no parecen ser eficaces, proporcionadas ni disuasorias", afirma el documento.

Aunque acoge con satisfacción los esfuerzos y las medidas adoptadas por Portugal para aplicar la Convención, el Grupo de Trabajo de la OCDE formula una serie de recomendaciones para mejorar la capacidad de Portugal de prevenir y combatir la corrupción por parte de agentes extranjeros, a saber, proseguir "sus esfuerzos de sensibilización y formación" sobre la corrupción por parte de agentes extranjeros entre "todos los agentes pertinentes de los sectores público y privado".

Sin embargo, el informe de la OCDE señala buenas prácticas y avances positivos, como la adopción de la Estrategia Nacional Anticorrupción, el Régimen General de Prevención de la Corrupción, el establecimiento del Mecanismo Nacional contra la Corrupción y la legislación sobre la protección de los denunciantes.

El informe también elogia a Portugal por sus esfuerzos de concienciación y formación en los sectores público y privado y el reciente programa de contratación de personal para las carreras de investigación criminal y análisis forense en la Policía Judicial.