En agosto, la inversión captada a través del programa de Autorización de Residencia por Actividad Inversora (ARI), también conocido como visado dorado, ascendió a más de 32,8 millones de euros, lo que supone un descenso del 12,5% respecto al mismo mes de 2022 (37,5 millones de euros).

Entre enero y agosto, la inversión captada a través del programa de visados dorados sumó más de 493 millones de euros, un 24% más que la registrada en el mismo periodo del año anterior.

En el "top 5" de nacionalidades para el visado de oro, la lista está encabezada por ciudadanos de EE.UU. que obtuvieron 12 visados de oro, seguidos de China, con nueve, y Brasil, con ocho. También se concedieron seis visados de oro a ciudadanos rusos y otros seis a turcos. Durante el periodo analizado, se concedieron 72 visados a familiares reagrupados.

En el transcurso total del programa -de octubre de 2012 a agosto de 2023- se concedieron 12.561 permisos de residencia, con China a la cabeza con 5.383, seguida de Brasil (1.246), EE.UU. (741), Turquía (603) y Sudáfrica ( 561). La inversión total asciende a más de 7.247 millones de euros, de los cuales 6.401 millones se destinaron a la adquisición de inmuebles (11.284 ARI), y 653 millones a rehabilitación urbana (1.830 visados dorados).

La transferencia de capital asciende a 846 millones de euros, se concedieron 1.255 visados y la creación de empleo fue responsable de la concesión de 22 ARI. Hasta la fecha se han concedido visados a 20.241 familiares reagrupados.

El 6 de julio se aprobó la propuesta del Gobierno de poner fin a los nuevos permisos de residencia por inversión en vivienda. La norma que revoca los visados de oro era una de las propuestas contenidas en el programa Mais Habitação y, con la entrada en vigor de la nueva ley, no se aceptarán nuevas solicitudes de concesión de visados de oro, lo que no afectará a la posibilidad de renovar las autorizaciones ya concedidas.

Las solicitudes de concesión y renovación de autorizaciones de residencia para actividades de inversión siguen siendo válidas, incluidas las que estén "pendientes de procedimientos de control previo en las Cámaras Municipales" en la fecha de entrada en vigor de la ley.

La concesión o renovación de autorizaciones de residencia por reagrupación familiar también queda excluida de la limitación adoptada.