En un comunicado, el Ejecutivo comunitario anunció la decisión de emprender acciones contra Portugal ante el TJUE por incumplimiento de una sentencia del 5 de diciembre que instaba al país a designar 61 "lugares de importancia comunitaria" como lugares de "conservación especial", tal y como exige la directiva europea de conservación de hábitats.

El tribunal también declaró que Portugal no había adoptado las medidas de conservación necesarias para estos lugares.

Tras la sentencia, Portugal designó formalmente los 61 lugares en cuestión como zonas especiales de conservación mediante la adopción de un decreto específico, pero esta designación no es suficiente para cumplir la sentencia, porque Portugal también debe adoptar objetivos y medidas de conservación, dice la Comisión.

Por ello, el ejecutivo de Ursula von der Leyen "decidió remitir de nuevo el asunto" al TJUE.

Al tratarse del segundo recurso interpuesto ante el tribunal por el mismo asunto para Portugal "puede dar lugar a la aplicación de sanciones financieras durante el tiempo que transcurra desde la fecha de la primera sentencia hasta que se verifique el cumplimiento".

En otro comunicado, Bruselas también anunció que Portugal forma parte de un grupo de países, entre los que se encuentran España, Irlanda, Bulgaria, Malta y Eslovaquia, en el punto de mira del TJUE por incumplir la revisión de los planes hidrológicos de cuenca.

La directiva en cuestión, argumentó la Comisión, "se centra en garantizar la buena salud cualitativa y cuantitativa de las masas de agua europeas, como ríos y lagos", y tiene por objeto eliminar la contaminación, "así como garantizar la disponibilidad de agua suficiente para satisfacer simultáneamente las necesidades humanas y de la fauna".

Los países en cuestión "siguen incumpliendo las obligaciones que les incumben en virtud de las directivas" y los esfuerzos realizados hasta la fecha por las autoridades portuguesas "han sido insuficientes".