André Ventura dijo que pedirá una audiencia al Presidente de la República, en la que exigirá "concretamente la convocatoria de un referéndum, en armonía con la legislación vigente aquí en la Asamblea de la República sobre el tema de la eutanasia", que consideró "la única forma de resolver este problema de forma pacífica y consensuada".

El dirigente de Chega hablaba a los periodistas en la Asamblea de la República, después de que el Tribunal Constitucional (TC) declarase inconstitucionales algunas de las normas del decreto que regula la muerte médicamente asistida, en respuesta a la petición de fiscalización preventiva del Presidente de la República.

Tras esta decisión, el Presidente de la República vetó este decreto parlamentario por inconstitucional, tal y como exige la Constitución, y el diploma volverá ahora a la Asamblea de la República.

André Ventura defendió que "este proceso sólo puede resolverse con un referéndum", sosteniendo que "una cuestión de esta importancia, dos veces declarada inconstitucional por el TC, sólo puede resolverse con la participación directa de los ciudadanos portugueses".

El presidente de Chega destacó "las ventajas" de un referéndum, al considerar que "la cuestión será validada por el Tribunal Constitucional" y que habrá un "debate social al respecto".

"También tiene la ventaja de que, independientemente de las mayorías y en una legislatura que nadie cree que vaya a acabar, no tenemos por qué tener derecho a revertir esta ley inmediatamente después de tener mayoría en el Parlamento", añadió.

El Tribunal Constitucional consideró que se había creado "una intolerable indefinición en cuanto al ámbito exacto de aplicación" del decreto sobre muerte médicamente asistida, y señaló que el Parlamento fue "más allá", modificando "en aspectos esenciales" el título anterior.

Se trata del tercer decreto aprobado por el Parlamento para despenalizar la muerte médicamente asistida en un periodo de unos dos años.

El primero también fue declarado inconstitucional por el TC, en marzo de 2021, tras un pedido de fiscalización preventiva del Presidente de la República, por insuficiente densificación normativa.

En noviembre del mismo año, Marcelo Rebelo de Sousa utilizó el veto político en relación con el segundo decreto parlamentario sobre esta materia, ya que contenía expresiones contradictorias.


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