Según un informe de ECO, la Agencia Tributaria está rechazando de oficio todas las solicitudes de trabajadores y pensionistas extranjeros que quieren venir a Portugal, este año, para beneficiarse del régimen más favorable para los residentes no habituales, que sólo aplica un tipo de IRS del 20% sobre los rendimientos del trabajo, incluidos los recibos verdes, en lugar de los tipos progresivos de este impuesto que llegan hasta el 48%.

Sólo entonces, "en la notificación a los candidatos, la Agencia Tributaria (AT) les pide que presenten pruebas, documentos que demuestren cómo, hasta finales de 2023, podían acogerse al régimen, como contratos de trabajo, matriculación de hijos en colegios portugueses o contratos de promesa de compra de vivienda", ha revelado a ECO Luis León, experto fiscal y cofundador de la consultora Ilya.

Ha trascendido que el TA no dispone de medios para aplicar de forma automática el cambio que el PS introdujo en los Presupuestos Generales del Estado (OE) para 2024, que preveía el fin del régimen para residentes no habituales y la creación de un nuevo programa dirigido a algunas actividades vinculadas a la innovación y la ciencia.

El modelo actual no exige el ejercicio de una actividad ni lo limita a una serie de sectores y asigna el beneficio fiscal de forma indiscriminada, en términos de IRS, durante 10 años a todos los extranjeros que, en los últimos cinco, no hayan tenido domicilio en Portugal. Ante el clamor que provocó el fin de este régimen, los socialistas decidieron aprobar un régimen transitorio, que permite a los extranjeros que se hayan trasladado al país durante este año seguir beneficiándose del antiguo régimen, siempre que presenten pruebas de que ya tienen, hasta finales de 2023, planes de residir en Portugal.

Al no disponer de los medios para aplicar este régimen transitorio, la AT decidió rechazar de antemano todas las solicitudes y, a continuación, pidió a los extranjeros en cuestión que demostraran, mediante documentos, que ya tenían, para finales de 2023.

Este proceso "burocrático", como lo califica León, podría provocar retrasos considerables en la aprobación de las solicitudes. "Hace unos meses, AT todavía estaba evaluando solicitudes para 2022", advierte el inspector.

Luís León también advierte de que hay dos plazos a tener en cuenta a la hora de presentar las pruebas: "En el caso de los contratos de trabajo y los visados, los documentos deben estar firmados como muy tarde el 31 de diciembre". La matriculación de niños en colegios o los contratos de compraventa de inmuebles deben estar firmados antes de octubre".