En un informe publicado sobre la situación en 2023, en los países que integran el Consejo de Europa, GRETA muestra su preocupación por las "dificultades de acceso a la asistencia jurídica para los inmigrantes indocumentados debido a los largos periodos de espera para obtener la residencia".
Según Helga Gayer, presidenta de Greta, "el acceso a la asistencia jurídica y a la asistencia legal gratuita es esencial para facilitar y garantizar el acceso a la justicia", pero este recurso "no está disponible para algunas víctimas de la trata de seres humanos, ni para todos los procesos pertinentes".
En Portugal, según el informe, "el procedimiento para ser declarado elegible para la asistencia jurídica por el Instituto de la Seguridad Social puede durar varios meses" y se prohíbe el acceso a "las víctimas extranjeras de la trata de seres humanos" si "no tienen residencia y número de seguridad social".
En el caso portugués, las víctimas "tienen derecho al acceso gratuito al Sistema Nacional de Salud y a obtener apoyo psicológico", pero aún queda mucho por hacer a nivel judicial, principal foco de atención del informe del GRETA, referido a 2023.
A pesar de ello, "el número de procesos penales y condenas por trata de seres humanos ha aumentado" y los jueces están "obligados a actualizar sus cualificaciones a través de una formación continua" que incluye "un curso de formación" específico sobre el tema, destaca el informe.
Además, en Portugal, afirma el GRETA, se publicó el "estatuto de las víctimas especialmente vulnerables", que incluye a las víctimas de trata, con una información "muy completa", que indica no sólo qué derechos están garantizados, sino también cómo acceder a ellos en la práctica, incluidos los derechos a asistencia jurídica, indemnización, medidas de protección, traducción o interpretación".
"Las víctimas de la trata de seres humanos son consideradas víctimas especialmente vulnerables en los procesos penales" en Portugal y "tienen derecho a prestar declaración para referencia futura", incluso en la fase de instrucción, que puede ser utilizada en el juicio.
Sin embargo, en la introducción del informe, el presidente del GRETA destacó que en todos los países "faltan abogados formados y especializados para representar a las víctimas de la trata".