"Hay que señalar que, indiscutiblemente, todo lo relacionado con los empleados de AIMA tiene una repercusión directa en el servicio, acogida e integración de los ciudadanos extranjeros que nos solicitan", señaló el STM, en un comunicado.
El sindicato destacó que "la mayoría del personal contratado no consolida su función" y acaba solicitando traslados a otros organismos, al considerar que los concursos "acaban siendo irrelevantes".
"El 9 de diciembre de 2024 se distribuyó una lista con un número de 594 empleados. Cuando se cerró el SEF [Servicio de Extranjería y Fronteras], había 700 funcionarios documentados. Ahora, AIMA es el resultado de la fusión de dos instituciones con diferentes responsabilidades, por lo que la reducción de personal es obvia".
La reacción del STM se produce después de que, el pasado miércoles, el presidente de AIMA explicara en sede parlamentaria que la plantilla actual del organismo era de 674 empleados, un 2% más que en octubre de 2023, cuando se creó la institución, tras la extinción del SEF y del Alto Comisionado para las Migraciones.
En la Comisión de Asuntos Constitucionales, Derechos, Libertades y Garantías, Pedro Portugal Gaspar explicó que el aumento significa que la institución "resistió la presión de la movilidad" y las reformas, recordando que las noticias informaban de la salida de muchos funcionarios del organismo.
Respecto al 2% citado por AIMA, el STM destacó que "todos los días" se enfrenta "a peticiones de movilidad a otras instituciones".
"Apostar por contratos temporales significa no entender el fenómeno ni tener visión de futuro", subrayó, refiriéndose a que "el fenómeno migratorio ha venido para quedarse y los diferentes movimientos geopolíticos combinados con los cambios climáticos y económicos sólo sirven para reforzar el fenómeno."
Denunciando "una estructura sin finalidad, orientación ni futuro", el sindicato también lamentó el abandono de los empleados de las comunidades autónomas, "a los que se les retiró el complemento de insularidad, relegándoles a un nivel de indigencia en la Función Pública".
Respecto a la ley orgánica, el STM consideró que se trata de una legislación "muy pesada, fragmentada y atomizada, sin una línea objetiva y rectora, creando una estructura muy estratificada y con un bajo nivel de operatividad".
"El resultado es un completo desorden en cuanto a procedimientos, organización y planificación", subrayó.
El sindicato afirmó que AIMA, "poco a poco, se está convirtiendo en un mero organismo de servicios sin preocuparse por las políticas ni las estrategias migratorias, y mucho menos por la integración."
"El STM está muy preocupado por el fin de la misión de recuperación de asuntos pendientes, ya que todo el personal de AIMA estaba destinado a esta tarea, en contra de lo previsto, tememos que en junio volvamos a tener un número muy elevado de asuntos pendientes en otras áreas", añadió.