Según un comunicado del ejecutivo comunitario, "contrariamente a la directiva y a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la legislación portuguesa permite tener en cuenta no sólo las medidas de mitigación, sino también las medidas compensatorias de los daños esperados del proyecto a la hora de determinar si un proyecto tiene un efecto significativo en los lugares Natura 2000. Permitir la inclusión de estas medidas compensatorias durante la evaluación de un proyecto compromete el resultado de la evaluación".

La Directiva sobre hábitats (Directiva 92/43/CEE) exige que los planes y proyectos que puedan tener un impacto significativo en un lugar de la red Natura 2000 se sometan a una evaluación adecuada de sus efectos en el lugar antes de su autorización y sólo pueden autorizarse, con determinadas excepciones, si no perjudican la integridad del lugar de la red Natura 2000.

Según la Directiva en cuestión, se trata de uno de los principales instrumentos europeos para proteger la biodiversidad, que es un objetivo clave del Pacto Verde Europeo y de la Estrategia de Biodiversidad 2030.

Portugal dispone de dos meses para responder a la notificación enviada por Bruselas.