El ejecutivo del PSD/CDS-PP liderado por Luís Montenegro cumple el miércoles, 10 de julio, cien días desde su toma de posesión en el Palácio de Ajuda, el 2 de abril.

Desde entonces, se han anunciado varios "paquetes" y "agendas" -en áreas que van desde la vivienda a la corrupción, pasando por la inmigración, la sanidad, la administración pública y la economía-, pero hasta ahora no todos se han traducido en iniciativas legislativas, lo que ha generado críticas de falta de implementación y calendario por parte de la oposición.

La primera decisión del XXIV Gobierno Constitucional fue ciertamente simbólica: el cambio del logotipo oficial utilizado en la comunicación del Ejecutivo, sustituyendo elementos como la esfera armilar por escudo, esquinas y castillos, que habían sido eliminados en el cambio anterior.

En las semanas siguientes, el Gobierno aprobó decretos-ley dirigidos a los beneficiarios del Suplemento de Solidaridad para la Tercera Edad -que ahora tienen un reembolso del 100% de los medicamentos, vieron aumentada su prestación en 50 euros al mes y eliminados los ingresos de sus hijos como factor de exclusión- y, el 14 de mayo, anunció la primera decisión que, según dijo, se había articulado con el principal partido de la oposición, el PS: construir el futuro aeropuerto internacional de Lisboa en Alcochete, que llevará el nombre del poeta Luís de Camões.

Desde entonces, varios paquetes de medidas han sido presentados y aprobados por el Gobierno en el Consejo de Ministros, como "Tienes futuro en Portugal", en el primer Consejo de Ministros temático y descentralizado (en Braga) dedicado a los jóvenes, "Construir Portugal" ( sobre vivienda), el "Plan de Emergencia y Transformación Sanitaria", el "Plan de Acción del Gobierno para las Migraciones", el "Plan +Aulas +Sucesso" (para evitar que los alumnos se queden sin clase durante periodos prolongados el próximo curso escolar), la "Agenda Anticorrupción", la primera fase de la reforma de la administración pública y un conjunto de 60 medidas "para acelerar" la Economía, entre ellas la prometida reducción del IRC en 4 puntos a lo largo de la legislatura.

Corrupción

Del paquete sobre corrupción, por ejemplo, de las 20 medidas presentadas, aún no ha salido ningún decreto o proposición de ley, en un debate que debería pasar por una posible comisión parlamentaria propuesta por PSD y CDS-PP.

Fue principalmente en el ámbito de la fiscalidad, la vivienda y los jóvenes donde el Gobierno trató de legislar en estos poco más de tres meses y, después de que su propuesta de rebajar el IRS fuera modificada por el Parlamento (acabando aprobándose un texto de sustitución con los votos en contra de PSD y CDS-PP), el Ejecutivo optó por presentar autorizaciones legislativas en los casos en los que no puede decidir por decreto.

De los ocho proyectos de ley que el Gobierno presentó a la Asamblea de la República hasta el viernes, tres eran en forma de autorización con el objetivo de permitir al ejecutivo legislar sobre la exención del IMT y el IMI para los jóvenes, revocar la contribución extraordinaria sobre el alojamiento local (estos dos ya han sido aprobados) y cambiar el IRS joven a un tipo máximo del 15%.

El 21 de mayo, el Gobierno llegó a un acuerdo con siete sindicatos de profesores para restablecer el tiempo de servicio congelado y, a principios de junio, con el principal sindicato de empleados judiciales. Las negociaciones con las fuerzas de seguridad pueden estar en peligro después de que el Primer Ministro declarara que no estaba disponible para aumentar el valor del acuerdo ya propuesto (300 euros al mes).

Sustituciones

Estos primeros cien días también estuvieron marcados por sustituciones en algunos altos cargos de la administración pública, con las dimisiones del director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud Fernando Araújo (sustituido por el teniente coronel António Gandra d'Almeida) y de la presidenta del Instituto de la Seguridad Social Ana Vasques, o los ceses de la defensora del pueblo de la Santa Casa da Misericórdia Ana Jorge, del director nacional del PSP José Barros Correia o de la dirección de la Agencia para la Modernización Administrativa.

El presidente del Gobierno rechazó que se trate de "una purga basada en criterios partidistas" y respondió a las críticas de la oposición con "montones de despidos" en el anterior Ejecutivo socialista.

En estos cien días del XXIV Gobierno Constitucional, la secretaria de Estado de Movilidad, Cristina Dias, ha estado en el punto de mira de la oposición por haber recibido una indemnización para abandonar el PP y, poco después, incorporarse a un ente regulador.