En declaraciones escritas a Lusa, la Secretaria de Estado de Vivienda afirma que lo previsto en el proyecto de Presupuesto del Estado para 2025 (OE2025), entregado el jueves a la Asamblea de la República, "es garantizar un trato justo tanto para los inquilinos como para los propietarios".

Según Patrícia Gonçalves Costa, esta garantía se hace "asegurando la eficacia del mecanismo de compensación para los arrendadores".

El Gobierno también añade que pretende "garantizar un trato justo para ambas partes -inquilinos y propietarios-, creando las condiciones para que los inmuebles se mantengan en buen estado y proporcionen una mejor calidad de vida a los inquilinos".

En el informe OE2025, el Gobierno asume la intención de realizar propuestas de "ajuste" en la legislación relativa a los arrendamientos, concretamente para "corregir las distorsiones creadas en los últimos años".

En concreto, se compromete a tomar "las medidas necesarias para completar los procesos de transición de los contratos de arrendamiento de viviendas anteriores a 1990 con el fin de restablecer la justicia".

Los contratos de arrendamiento en cuestión llevan congelados más de una década, y el anterior Gobierno socialista decidió suspender su transición al Nuevo Régimen de Arrendamientos Urbanos (NRAU), la ley que regula el sector del alquiler y que entró en vigor en 2012.

Actualmente, esta transición está suspendida mientras los inquilinos cumplan uno de estos tres requisitos: tener 65 años o más; tener una discapacidad acreditada igual o superior al 60%; o tener unos ingresos brutos anuales ajustados inferiores a cinco veces el salario mínimo interprofesional (820 euros), que en 2024 corresponden a un total de 57.400 euros.

Varios organismos de información y asociaciones de propietarios leyeron en el informe de la propuesta OE2025 la intención de descongelar los alquileres antiguos, lo que obligó al Gobierno a aclarar que eso no ocurrirá.

El Gobierno entregó el jueves al Parlamento la propuesta de Presupuestos Generales del Estado para 2025, que prevé que la economía crezca un 1,8% en 2024 y un 2,1% en 2025 y un superávit del 0,4% del Producto Interior Bruto (PIB) este año y del 0,3% el próximo.

La viabilidad en general, cuya votación tendrá lugar el día 31, no está asegurada. Si la propuesta se viabiliza, con la abstención del PS o, alternativamente, con los votos favorables de Chega, será entonces evaluada en la especialidad, entre el 22 y el 29 de noviembre, con la votación global final prevista para el 29 de noviembre.