Ambos dictámenes concluyen que, de aprobarse y publicarse, dicha ley sería inconstitucional, por vulnerar el principio de salvaguarda de la confianza y las legítimas expectativas de los ciudadanos, entre otras preocupaciones. Esto se hace eco de las preocupaciones del Presidente Marcelo Rebelo de Sousa de que, además de ser "inoperante", el proyecto de ley propuesto no cumple las estrictas normas estipuladas por la Constitución portuguesa.

Los profesores afirman que los ciudadanos tienen derecho a la protección de la confianza y en la confianza que pueden depositar en los actos de los poderes políticos que entran en conflicto con sus expectativas legales. El Estado tiene un deber de buena fe y aunque la ley puede cambiar también debe preverse en cualquier caso un período razonable de 'vacatio legis'", es decir, un período de gracia. Esto contrasta con la aplicación retroactiva que presenta actualmente el Gobierno.

También consideran que la propuesta del Gobierno afecta a las expectativas legítimas de los ciudadanos, por lo que el legislador debería adoptar un régimen transitorio que garantice que la aplicación de las nuevas medidas se haga de forma gradual y diferida en el tiempo. Esto coincide con la opinión general de los abogados de Portugal que trabajan activamente a diario con esta ley.

Si la ley se publica en los términos pretendidos por el Gobierno, es mi opinión que Portugal corre un riesgo importante de tener que indemnizar a estos inversores con una cantidad inasumible. Desde que se puso en marcha el programa en 2012, alrededor de 7.000 millones de euros de inversión han entrado en el país gracias a él. Esta ley se creó precisamente para eso: para atraer inversión extranjera al país. No puede derogarse con efectos retroactivos y sin garantizar un periodo transitorio y de adaptación. Esto afectaría irreversiblemente a los derechos adquiridos, sin tener en cuenta los intereses legítimos de los que invirtieron en el territorio nacional y, en consecuencia, perjudicará la imagen internacional del país. Comercialmente, las aspiraciones futuras de Portugal pueden verse perjudicadas por esta imagen empañada.

Afortunadamente, Portugal sigue siendo una Democracia Constitucional. Queda mucho camino por recorrer con este asunto y nosotros, como el resto de la comunidad jurídica de Portugal, estamos aquí para apoyar.