"Tras los amplios procedimientos de control llevados a cabo en 2022, la Comisión ha decidido ahora presentar recursos contra Portugal y Eslovaquia ante el TJUE, dado su continuo incumplimiento", anunció la Comisión Europea en un comunicado.

La Comisión sostuvo que en el caso portugués la acción se interpuso "debido a las normas sobre morosidad que abarcan varios niveles de la administración pública".

Tras la puesta en marcha del procedimiento en 2017, Bruselas "siguió de cerca la situación, pero considera que no se han registrado suficientes mejoras, especialmente en las dos regiones autónomas de Azores y Madeira".

Según las normas de la Directiva sobre morosidad, las autoridades públicas de los 27 Estados miembros tienen que pagar las facturas en un plazo de 30 días (60 días en el caso de los hospitales públicos).

La Comisión añadió que en el contexto actual -de recuperación de las pérdidas derivadas de la pandemia, la inflación y las consecuencias de la invasión de Ucrania por parte de la Federación Rusa- "las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, dependen aún más de los pagos regulares para poder funcionar" y asegurar el empleo.

"Los retrasos en los pagos tienen un impacto negativo en las empresas, ya que impiden el crecimiento, socavan la resiliencia y pueden bloquear los esfuerzos por ser más ecológicas y digitales", advirtió esa institución europea.