"Por parte del Gobierno, la decisión política, la conformación política y la contratación de recursos están hechas. Por lo tanto, como la implementación de este acuerdo puede y debe ser hecha por entidades administrativas, no veo ningún obstáculo para su implementación en las próximas semanas", dijo Antonio Leitão Amaro.

Según Leitão Amaro, este proceso de aceleración de visados pretende que las empresas y confederaciones patronales "asuman compromisos responsables de inmigración regulada", como la existencia de un contrato de trabajo, seguro de viaje y de enfermedad, obligaciones de formación profesional y enseñanza de idiomas y acceso a un alojamiento adecuado.

"Se trata de un acuerdo que, para su ejecución, se lleva a cabo por entidades administrativas. El Gobierno no forma parte del acuerdo", dijo Leitão Amaro, añadiendo que el Ejecutivo sí tuvo "un papel en el diseño de esta nueva política de inmigración regulada".

A principios de diciembre, el Gobierno propuso a las confederaciones de empresarios, para su discusión, un protocolo de colaboración, con vistas a agilizar la contratación de ciudadanos extranjeros con contrato de trabajo firmado.

En aquel momento, el Ejecutivo alegó que, para "satisfacer las necesidades de la economía nacional", proponía "una vía de operatividad que no cree nuevas vías legales de entrada, pero que al mismo tiempo garantice una mayor agilidad en los trámites y una mayor responsabilidad y regulación de los flujos migratorios".