Según datos enviados a la agencia Lusa, hasta el 30 de noviembre el ISS realizó 537 inspecciones de residencias de ancianos, habiendo cerrado 97. De ellas, 93 eran estructuras residenciales que carecían de licencia, y hubo 24 casos en los que las residencias tuvieron que cerrarse urgentemente.

El ISS explica que los cierres urgentes se producen "cuando existe un peligro inminente para los usuarios", y en estos casos "son inmediatamente retirados y remitidos a otras respuestas encontradas por las familias o sugeridas por la Seguridad Social".

"Las soluciones para los usuarios se encuentran siempre caso por caso, entre los familiares y la Seguridad Social, que les apoya e informa de las soluciones alternativas, siendo la familia la que toma la decisión final", explica el ISS.

Cuando el cierre no es urgente, la clausura de la vivienda debe ser llevada a cabo por el propietario, dentro de los 30 días siguientes a la notificación de la Seguridad Social.

"Transcurrido este plazo, la falta de cumplimiento es denunciada ante el Ministerio Público, y los responsables pueden incurrir en un delito de desobediencia", agrega el ISS.

El Instituto dela Seguridad Social también señala que en 2022 se realizaron 674 actuaciones inspectoras, que dieron lugar al cierre de 117 residencias de mayores, todas ellas sin licencia, y que en 21 de las situaciones se justificó el cierre urgente.