Diego Marín, de 62 años, conocido como 'Papá Pitufo' o 'Pitufo', es sospechoso de liderar, desde 2023, una banda que se dedicaba al contrabando y a cometer delitos contra la administración pública, sobornando a empleados de diferentes entidades.

Fue detenido el 3 de diciembre en Póvoa de Varzim, distrito de Oporto, tras fugarse de España, mientras esperaba, en libertad, el resultado de la solicitud de extradición cursada por las autoridades colombianas.

En la oposición a la extradición enviada al Tribunal de Apelación de Oporto (TRP), a la que tuvo acceso la agencia Lusa, el hombre, considerado el "mayor contrabandista" de Colombia, niega haber cometido delito alguno y hace un llamamiento a las autoridades portuguesas para que no le extraditen a su país de origen, donde dice que le espera "una condena a muerte".

"La extradición del acusado [Diego Marín] y la posible denegación de su protección internacional por parte del Estado portugués se garantiza que equivale a una pena de muerte, aunque no existe ninguna acusación contra él por parte de Colombia por haber cometido ningún delito en ese territorio", dice el documento, firmado por el abogado Vítor Parente Ribeiro.

Marín, que se encuentra en prisión preventiva en Oporto, tiene aún dos recursos pendientes: uno relacionado con su petición de asilo, denegada anteriormente por las autoridades portuguesas, y otro ante el Tribunal Constitucional sobre los motivos de su detención, después de que el Tribunal Supremo de Justicia no admitiera a trámite un primer recurso.

Las autoridades colombianas quieren acusar a Diego Marín de contrabando, soborno y participación en organización criminal.

El 1 de febrero, el Presidente colombiano pidió a Portugal la extradición de Diego Marín.

"Espero que Portugal extradite al mayor contrabandista de la historia contemporánea de Colombia. "El gran contrabando es el lavado de dinero de los grandes narcotraficantes", escribió Gustavo Petro en la red social X.

Según el jefe de Estado, Marín "infiltró gobiernos hasta la médula para continuar la destrucción de la industria nacional y el lavado de dinero a través del contrabando."

Política

Pocos días después, el presidente colombiano negó cualquier relación o reunión con Diego Marín, quien supuestamente aportó una gran cantidad de dinero a su campaña electoral de 2022.

La reacción de Gustavo Petro se produjo después de que medios colombianos informaran que 'Pitufo' donó 500 millones de pesos (unos 117 mil euros) a la campaña presidencial, destacando que Petro y el nuevo jefe del Gabinete Presidencial, el exembajador Armando Benedetti, se reunieron con Marín, en España, en enero de 2022.

"En los últimos tiempos, los medios de comunicación colombianos han difundido rumores de que el acusado había apoyado financieramente la campaña política del actual presidente. Así, el propio Presidente de Colombia, con el fin de demostrar que esto no era cierto, también comenzó a perseguir al acusado. El procesado está siendo perseguido políticamente", reza la oposición a la extradición.

La defensa de Marín considera que Petro está "ejerciendo toda la presión" para que su cliente sea extraditado.

"La intervención del Presidente en la solicitud de extradición de su defendido habla de la falta de imparcialidad y ecuanimidad en los procesos de extradición. La falsedad de estos procesos llevó al Estado colombiano a poner en riesgo la vida, la seguridad y la integridad del acusado y de su familia, que están sometidos a constantes amenazas contra sus vidas", denuncia Vitor Parente Ribeiro.

El abogado subraya que es su cliente quien "viene denunciando la corrupción existente" en Colombia, por lo que "se ha convertido en persona 'non grata', perseguido por el propio Presidente de Colombia, que considera su detención como un asunto personal".