El título, aprobado por el Gobierno el pasado 10 de marzo, establece "nuevas medidas de protección y restauración ecológica para la próxima década", encargando al Instituto de Conservación de la Naturaleza y los Bosques la definición del Programa Alcateia 2025-2035.

Según el Ejecutivo, el decreto-ley, que revisa el marco legal para la conservación del lobo ibérico, actualiza los mecanismos de indemnización a los ganaderos para compensar los daños y permite reforzar la conservación de la especie, haciéndola compatible con las actividades socioeconómicas.

La decisión del Gobierno se produce pocos días después de que la Comisión Europea presentara una propuesta para cambiar el estatus del lobo de "estrictamente protegido" a sólo "protegido", permitiendo a cada país del bloque comunitario "flexibilidad adicional" para controlar las poblaciones de estos animales.