En un comunicado, la Secretaria Regional do Mar e das Pescas argumenta que la medida representaría un retroceso significativo en los compromisos de conservación marina de la región e insta a que se tome una decisión responsable que salvaguarde el liderazgo de las Azores en la protección de los océanos.


El Gobierno subraya que la propuesta contradice las pruebas científicas existentes y socava las normas internacionales de conservación. El RAMPA fue diseñado según los criterios establecidos por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y se alinea con las estrategias globales y nacionales de biodiversidad, incluyendo la protección legal del 30% de las aguas nacionales, el 10% de las cuales deben estar bajo protección total.


Según el Gobierno, los cambios propuestos comprometerían este alineamiento y podrían debilitar el papel institucional de la región en la gobernanza compartida de los océanos, con posibles consecuencias jurídicas y políticas. El DECO también señala las preocupaciones constitucionales, ya que la enmienda puede entrar en conflicto con el principio de protección del medio ambiente consagrado en la Constitución portuguesa.


Los impactos económicos sobre la flota atunera de caña y línea se evaluaron a través del sistema de seguimiento MONICAP, revelando un impacto estimado del 7% limitado a cuatro bancos pesqueros - Formigas, Princesa Alice, D. João de Castro y Condor - que cubren sólo 1.522 km² de los más de 160.000 km² de áreas totalmente protegidas.

El RAMPA se beneficia actualmente de una financiación de 10 millones de euros a través del programa Azores Azules. Su posible degradación podría poner en peligro este apoyo, así como la compensación financiera prevista de 1,5 millones de euros para los operadores afectados, con consecuencias más amplias para la credibilidad y el futuro económico de la región.