El Gobierno portugués ha ampliado oficialmente los requisitos para acogerse al programa de vivienda del 1er Derecho, lo que permitirá a más familias acceder a las ayudas en un contexto de aumento del coste de la vivienda. Un nuevo decreto, publicado en el Diário da República, amplía el programa a los hogares que dedican más del 40% de sus ingresos a pagar el alquiler o la hipoteca, un umbral que ahora se considera vulnerabilidad económica.
Anteriormente reservado a quienes vivían en "condiciones indignas" claramente definidas, como hacinamiento, falta de saneamiento básico o acceso limitado a la movilidad, el programa reconoce ahora una elevada tasa de esfuerzo en vivienda (superior al 40%) como factor de calificación. La medida pretende reflejar la creciente dificultad de muchas familias para conseguir y mantener una vivienda asequible.
La elegibilidad para el programa sigue dependiendo de los ingresos familiares. Por ejemplo, una familia de cuatro miembros (dos adultos y dos niños) puede optar al programa con unos ingresos brutos mensuales de hasta 4.598 euros.
Según Patrícia Gonçalves Costa, Secretaria de Estado de Vivienda, el Gobierno ya ha identificado a 5.414 beneficiarios directos. Ahora tiene previsto entregar 13.000 viviendas antes de julio de 2025 como parte del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia (PRR).
A pesar de los objetivos iniciales de financiar 26.000 viviendas de aquí a 2026, los avances han sido lentos, con solo unas 2.000 unidades terminadas hasta la fecha. Para evitar perder una financiación europea vital, el Gobierno está introduciendo un mecanismo excepcional que permite sustituir los proyectos más lentos por otros más avanzados. Con ello se pretende mantener el plan de vivienda en marcha y cumplir los plazos del PRR.
Creciente necesidad de vivienda asequible
La urgencia de la situación se refleja en el creciente número de familias que viven en viviendas inadecuadas. Hasta ahora se han detectado 136.800 casos de carencia de vivienda en todo el país. Para hacer frente a la magnitud del reto, el Gobierno también está trabajando en nuevas herramientas de financiación pública, como garantías y líneas de financiación con el Banco Europeo de Inversiones (BEI). Sin embargo, su aplicación puede verse retrasada por los cambios políticos en curso.
Paralelamente, se están actualizando las estrategias locales de vivienda en todos los municipios, garantizando que las respuestas regionales se ajusten a los objetivos nacionales más amplios en materia de vivienda.