Este decreto, aprobado por el Parlamento el 26 de noviembre y promulgado por el Presidente de la República tres días después, entra en vigor al día siguiente de su publicación, el jueves, y expira el 1 de marzo de 2022.

En la práctica, el diploma que fue presentado por la bancada socialista faculta al Gobierno a decretar, a través del Consejo de Ministros, el uso obligatorio de mascarillas en la calle sin la autorización de la Asamblea de la República.

"Si la medida parece necesaria, adecuada y proporcional a la prevención, contención o mitigación de la infección epidemiológica por Covid-19, el Gobierno podrá, a través del Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se declare una situación de alerta, contingencia o calamidad, determinar la obligatoriedad del uso de mascarillas por parte de las personas mayores de 10 años para el acceso, circulación o permanencia en los espacios públicos y calles siempre que la distancia física recomendada por las autoridades sanitarias resulte inviable", señala el decreto.

En cuanto a las condiciones que determinan esta necesidad, el título sólo menciona que se "medirá en función de los datos relativos a la evolución de la pandemia, es decir, en función del aumento del número de contagios y de la tasa de transmisión de la enfermedad", sin cuantificarlo.