Según informa Expresso este viernes, el grupo lleva tres años estudiando la viabilidad del proyecto, que se ejecutará por fases, empezando por una infraestructura regional, con una sola pista y una inversión estimada de menos de mil millones de euros, sin ninguna inyección de dinero público.

Sin embargo, y a pesar de que el sector privado calcula que el proyecto se financiará a través de las tasas portuarias ya aplicadas, se informa de que la implicación del Estado será inevitable, en cuanto se trate de autorizar la infraestructura y conceder, por ejemplo, el estatus de Proyecto de Interés Nacional.

Según un documento al que ha tenido acceso Expresso, el grupo incluye inversores nacionales y extranjeros, así como la participación de un gran grupo portugués que no se identifica.

"Existe interés por parte de operadores e inversores de primer nivel de todo el mundo, que llevan más de dos años siguiendo y/o participando en la elaboración y desarrollo de los estudios y que están interesados en formar parte del grupo para la inversión y gestión del nuevo aeropuerto", explica el documento.

Para seguir adelante, la construcción del nuevo aeropuerto no requeriría la autorización de ANA, ya que la ubicación sugerida está fuera del área de ANA.

El grupo de inversores argumenta que el proyecto no plantea riesgos medioambientales ni supone ninguna amenaza para la salud de la población de Santarem.

En su primera fase, con una pista, el colectivo estima que el nuevo aeropuerto tendrá capacidad para atender a unos 10 millones de pasajeros, estando prevista una ampliación posterior de tres pistas con capacidad para 100 millones de pasajeros, convirtiéndose así en un nuevo aeropuerto internacional de Lisboa.

Según "Expresso", el Gobierno ya conoce la propuesta, pero aún no ha reaccionado públicamente.