Según Pedro Fontainhas, el Gobierno está "queriendo acabar con algo que terminó hace un año, cuando eliminó la posibilidad de invertir en centros urbanos con visados dorados", señalando que el Ejecutivo pretende ahora acabar con "lo que quedó fuera, la inversión en unidades de comercio y servicios, como es el caso de las unidades turísticas".

"Las unidades turísticas no son viviendas", subrayó, indicando que "constituyen una oferta inmobiliaria paralela integrada" en un "conjunto de servicios turísticos y que se destina a uso temporal y vacaciones para portugueses y extranjeros".

Inestabilidad

Según Pedro Fontainhas, "estas unidades tienen incluso un efecto positivo, de reducción de la demanda de viviendas temporales", argumentando que se trata de "una medida imprudente porque una vez más estamos mostrando la total inestabilidad de nuestro sistema jurídico y fiscal", lo que "transmite una mala imagen de Portugal y del Gobierno", aseguró.

"Desde que se anunció esto hemos tenido numerosos clientes, inversores que han suspendido sus inversiones" y que se han quedado "a la cola" debido al anuncio del Gobierno, dijo.

Según los datos divulgados por Pedro Fontainhas, "en 2022, año en el que ya era imposible invertir en ARI [Permisos de Residencia para Actividades de Inversión, o visados dorados] para viviendas en núcleos urbanos, 534 millones de euros de inversión, es decir, un potencial de más de tres mil millones de euros en cinco años".

El líder de la asociación también afirmó que la medida "fracasa por la falta de respeto a la heterogeneidad del país", destacando que "Portugal no es sólo Lisboa y Oporto".

"Incluso si el ARI fuera un problema de falta de vivienda en Lisboa y Oporto, que no lo es, por qué castigar a todas las regiones por igual, y algunas regiones" dependen "en gran medida del turismo y de la captación de esta inversión en el producto turístico".

Propuestas

Por ello, la asociación está trabajando en un borrador con varias medidas a proponer en este contexto.

"La primera medida es que el Gobierno reserve un periodo de reflexión de al menos un año para realizar estudios independientes sobre el impacto objetivo de los pros y los contras de la medida y no hacer las cosas por su cuenta", dijo Pedro Fontainhas.

El dirigente de la asociación también sugirió revisar "el valor mínimo de asignación del ARI incluso en las unidades turísticas", dado que "puede darse el caso de que Portugal esté un poco por debajo de la competencia en cuanto al umbral mínimo y la subida podría crear más barreras de entrada y más impuestos para el Estado".

Para la asociación, también es importante "crear un recargo turístico especial para la adquisición de inmuebles turísticos a cambio de un permiso de residencia y que, por ejemplo, financie la construcción o el alquiler de viviendas asequibles" y avanzar en un ARI "para la inversión en la construcción de inmuebles de alquiler asequible".

Por último, el dirigente de la asociación hizo un llamamiento para eliminar el uso del término visados de oro, porque "se ha vuelto completamente tóxico".

La asociación promete que participará en el debate público de las medidas, pues ya ha solicitado reuniones al Gobierno.