Desde que se impuso esta tasa en 2012, Jerónimo Martins, dirigido por Pedro Soares dos Santos, la ha impugnado ante los tribunales.

El grupo está a la espera de la evaluación de una denuncia presentada ante la Comisión Europea, al considerar que esta tasa es una "ayuda de Estado ilegal". Según el informe semestral y las cuentas del grupo, "las citadas liquidaciones fueron impugnadas ante los tribunales, por entender que eran indebidas, ya que, además, el diploma legal que creó el TSAM se considera inconstitucional".

En sólo una década y hasta 2021, el Estado ingresó más de 73 millones de euros por el cobro de esta tasa. El TSAM tiene como objetivo financiar los costes de los controles fitosanitarios oficiales, salvaguardando la sanidad animal y la seguridad alimentaria. Y se aplica a establecimientos de más de 2.000 metros cuadrados o que sean propiedad de empresas o grupos que tengan una superficie de venta acumulada igual o superior a 6.000 metros cuadrados.