En su página web oficial, la fiscalía afirma que los acusados, en el ámbito de su actividad profesional, aprovecharon las vulnerabilidades del mecanismo de regularización de inmigrantes ilegales, en particular el hecho de que los ciudadanos brasileños estuvieran exentos de la necesidad de visado para entrar en el país y que la manifestación de interés tuviera que realizarse 180 días después en Portugal. A continuación, se acusa a los abogados de elaborar un plan de regularización de extranjeros de distintas nacionalidades (indio, paquistaní, marroquí, argelino y filipino) que consistía en insertar manifestaciones de interés en el portal SAPA de estos ciudadanos declarando falsamente que tenían nacionalidad brasileña.

"Mediante estas conductas, los acusados conseguían eludir la obligación de los ciudadanos de especificar su respectivo visado para la entrada en territorio nacional o en el espacio Schengen, permitiéndoles permanecer irregularmente en Portugal, obstaculizando el procedimiento del (extinto) Servicio de Extranjeros y Fronteras relativo a su expulsión coercitiva del territorio nacional y el dictamen negativo automático del (extinto) SEF".

En esta secuencia, entre octubre de 2007 y octubre de 2018, los acusados rellenaron al menos 44 manifestaciones de interés declarando falsamente que los ciudadanos tenían nacionalidad brasileña y que habían entrado y permanecido en Portugal durante al menos 180 días, según la Fiscalía.

Los abogados rellenaron estas declaraciones por importes a partir de 50 euros, destacó.

El parlamentario consideró que, con esta práctica, los sospechosos habrían obtenido 8.800 euros.