De acuerdo con una propuesta del vicepresidente del consejo, Bruno Parreira (PSD), se aprobó por unanimidad el borrador del contrato de cooperación interadministrativa con la PSP, que tiene por objeto "regular el uso de los equipos relacionados con el sistema de videovigilancia", destinados a la protección de "las personas y los bienes públicos y privados, en el municipio de Sintra", así como el "acuerdo de subcontratación de datos personales".

El ayuntamiento de Sintra y la PSP han identificado los lugares donde se justifica la instalación de cámaras de videovigilancia, "con el objetivo de prevenir y reprimir la delincuencia y combatir la sensación de inseguridad experimentada en algunas parroquias del municipio", según el borrador del contrato interadministrativo, al que tuvo acceso Lusa.

Según la Ley de Seguridad Interior, los sistemas de videovigilancia sólo pueden utilizarse "para proteger la seguridad de las personas, animales y bienes, en lugares públicos o de acceso público, y para prevenir la comisión de actos tipificados por la ley como delitos, en lugares donde exista un riesgo razonable de que se produzcan".

El proyecto presentado por la Dirección Nacional de la PSP y el municipio para su aprobación, "preveía la instalación de 144 videocámaras, en puntos identificados por la PSP como necesarios, teniendo en cuenta el número de incidentes criminales" en cada una de las localidades, reza el documento.

La Comisión Nacional de Protección de Datos (CNPD), en un dictamen de junio de 2024, se pronunció sobre la "conformidad del sistema propuesto con los requisitos técnicos de los equipos" previstos, así como sobre "el cumplimiento de los principios de utilización de las cámaras".

En virtud del contrato, el ayuntamiento instala todo el sistema de videovigilancia, mediante la adquisición de la red privada de fibra óptica que utilizará la Red Nacional de Seguridad Interior, y las videocámaras, mientras que se crea un centro de gestión y control en las instalaciones de la PSP, para la grabación y visualización de las imágenes recogidas.

El sistema aprobado está autorizado para funcionar durante tres años, a partir del inicio efectivo de las operaciones, cuando entre en vigor el contrato entre el ayuntamiento y la PSP.

"Las cámaras no estarán en todas las calles ni en todas las esquinas", señaló el edil socialista, rechazando la idea de que, obviamente, vayamos a empezar a "vivir en una especie de 'Gran Hermano'".