La decisión de pasar a la tercera fase del proceso de infracción se debió, según un comunicado del ejecutivo comunitario, a la falta de información sobre la preparación de "un plan de acción nacional para hacer frente a los riesgos a largo plazo derivados de la exposición al radón, tal como exige la directiva [legislación de la UE]".

La directiva en cuestión amplía la aplicación de las normas de seguridad a toda la gama de fuentes de radiación y categorías de exposición: ocupacional, médica, pública y medioambiental.

Protección de los trabajadores

La normativa abarca la protección de los trabajadores, en particular del personal médico, en los lugares de trabajo con radón interior y en las actividades de tratamiento de material radiactivo natural, en particular del radón en los hogares, y de los pacientes sometidos a radioterapia, por ejemplo.

La directiva sobre normas básicas de seguridad debería haber sido transpuesta en su totalidad a la legislación nacional antes del 6 de febrero de 2018.

En noviembre de 2019, la Comisión Europea envió un dictamen motivado a Portugal, invitando al país a notificar todas las medidas de transposición de la citada directiva.

Desde esa fecha, Portugal ha notificado medidas de transposición adicionales, pero no ha transpuesto completamente las normas.