La decisión, fechada el 27 de noviembre, cuyo ponente es el juez asesor Mário Belo Morgado, y comunicada hoy por el alto tribunal, se refiere a los 75 tripulantes de "Crewlink, Ireland Lda" que prestaban servicios para Ryanair en la base aérea de Faro, amparados por el despido colectivo de 2020, "revocando así la decisión del Tribunal de Apelación de Évora".

"El TSJ concluye que, en ausencia de comité de empresa, comité intersindical o comités sindicales, los trabajadores pueden constituir un comité 'ad hoc' en representación de los trabajadores a despedir, como, de hecho, ocurrió en el caso concreto", reza el comunicado del tribunal.

El STJ afirma que "a este comité 'ad hoc' se le remitieron los documentos legalmente determinados, entre ellos la plantilla de la empresa, en la que se exige legalmente que sólo se incluyan los puestos de trabajo existentes en Portugal y no es necesario incluir en los puestos de trabajo existentes en Portugal los procedentes de otros países en los que opera la empresa".

"El TSJ concluye también que la falta de envío de los citados documentos a los trabajadores, y su envío al comité 'ad hoc', no constituye una causa de ilegalidad del despido", explica el tribunal.

Impugnación

En enero de 2020, el Sindicato Nacional de Personal de Vuelo de Aviación Civil (SNPVAC) impugnó el despido colectivo, al considerar que trabajadores con 10 años de servicio en Ryanair serían despedidos en base a alegaciones que, según el sindicato, no se correspondían con la realidad.

En septiembre del año anterior, Ryanair había llegado a un acuerdo con ANA - Aeroportos de Portugal para mantener la base de Faro -aunque más reducida-, así como parte de los puestos de trabajo, pero advirtió de que la reducción de tres a dos aviones en la base supondría una disminución de unos 80 puestos de trabajo de personal de cabina contratado.

Según el sindicato, la base de Faro seguiría en funcionamiento con 55 tripulantes de cabina, todos procedentes de Ryanair y que "fueron coaccionados por la aerolínea para firmar una adenda a su contrato, en la que renunciaban a subvenciones y retroactivos hasta noviembre de 2018" .

Según la estructura sindical, la situación llevó en muchos casos a los trabajadores "a renunciar a toda su carrera profesional", ya que algunos de los tripulantes llevaban más de diez años trabajando en la base de Faro.

"Todos aquellos que no aceptaron estas condiciones fueron penalizados durante cuatro meses con un recorte del 80% del salario, de acuerdo con la ley de contratos intermitentes", según una nota del SNPVAC.

Según el SNPVAC, las razones presentadas por la empresa para el despido colectivo -una reestructuración de la organización de la producción, retrasos en la entrega de aviones Boeing 737 Max y una reducción de las operaciones en la base de Faro- "no se corresponden con la realidad".