La identificación de estas irregularidades se recoge en el dictamen del Tribunal de Cuentas sobre la Cuenta General del Estado (CGE) de 2023, remitido al Parlamento, en el que el organismo dirigido por José Tavares advierte de que la ayuda al alquiler -una medida puesta en marcha en 2023 para paliar el encarecimiento de la vivienda- "presenta riesgos que pueden afectar a la veracidad de la imputación, a la exactitud del cálculo y, en consecuencia, a la corrección del pago".

El documento señala que en 2023 estas ayudas alcanzaron a 258.661 beneficiarios, lo que supuso un gasto público de 350 millones de euros, ascendiendo la ayuda anual concedida a unos 1.351 euros por beneficiario.

En el análisis de la medida se detectaron "disconformidades y otras situaciones en su aplicación", entre ellas que se registró el pago de apoyos a "32 beneficiarios no residentes en territorio nacional", existiendo además "2.867 residentes no habituales" que se beneficiaron de la misma.

Entre las disconformidades también se detectaron las situaciones de 35.229 beneficiarios a los que se concedió la ayuda pero no se pagó y el impago de las cantidades correspondientes a diciembre de 2023.

En cuestión está una ayuda cuyo valor máximo puede llegar hasta los 200 euros mensuales, para contratos de alquiler registrados hasta el 15 de marzo de 2023, dirigida a familias cuya tasa de esfuerzo en el alquiler supere el 35%. Una de las condiciones para la concesión del beneficio es que el beneficiario tenga residencia fiscal en Portugal.

A pesar de las mejoras introducidas en la ayuda con los cambios en la legislación que se han producido entretanto, el análisis del TdC señala algunos riesgos en la operatividad de la medida, como el hecho de que el universo sólo se defina anualmente, sin que se prevean actualizaciones en función de los cambios en la información, lo que puede "llevar al pago de ayudas que ya no son debidas en vista de los cambios que se han producido, así como excluir de la ayuda situaciones que surjan posteriormente".

El hecho de que se utilice la declaración anual de la Renta para evaluar la tasa de esfuerzo también presenta debilidades, ya que existe "un gran desfase temporal en el que la situación económica de los inquilinos puede haber sufrido cambios significativos".

"Utilizar el valor de la renta declarada en el momento del alta del contrato introduce distorsiones, especialmente en los contratos más antiguos, ya que esta renta no refleja los incrementos que se hayan podido producir entretanto", reza el dictamen, que señala que, aunque los beneficiarios puedan añadir nueva información, esto "no cambia el hecho de que el cálculo inicial se realiza con información que puede estar desfasada y para la que existe una mejor fuente de información, como son los recibos de alquiler emitidos por los arrendadores".

Además, la información sobre el hogar es declarativa y no está sujeta a validación específica, y también se señala que no hay control sobre las situaciones de uso compartido informal de la vivienda.

"Por lo tanto, sería beneficioso para determinar el universo que existiera la posibilidad de dicha validación, es decir, identificando a todas las personas que tienen residencia fiscal en la vivienda que se está calculando (y que no están registradas en el contrato de alquiler), con el compromiso del propio beneficiario", señala el documento.

El análisis del TdC también concluye que el 25,1% del total de beneficiarios recibió la ayuda máxima de 200 euros, mientras que el 20,8% recibió entre 110 y 200 euros, el 17,5% entre 80 y 110 euros y el 13,1% entre 50 y 80 euros, recibiendo el resto una ayuda mensual inferior a 50 euros.