Fruto de la fusión de parte de las funciones del Servicio de Extranjería y Fronteras(SEF) y del Alto Comisionado para las Migraciones, la nueva agencia entró en funcionamiento a finales de octubre con grandes promesas que, a día de hoy, siguen sin cumplirse.

El fin del Gobierno y la convocatoria de elecciones en marzo han puesto en riesgo los compromisos del Ejecutivo socialista, en un momento en el que, cada día, cientos de solicitudes de regularización entran en un sistema que sigue sin dar una respuesta suficiente.

De aquí a finales de año, el ejecutivo se había comprometido a resolver las decenas de miles de casos de solicitudes de reagrupación familiar atrasadas que provocan quejas, porque es algo impuesto por la ley.

Portugal es uno de los pocos países europeos que permite a un trabajador inmigrante irregular solicitar un visado a las autoridades nacionales y estos son los casos que están atascando el sistema.

Basta una dirección, un número de identificación fiscal y un contrato de trabajo para hacer la solicitud, independientemente de que haya entrado como turista, una situación que ha provocado un aumento exponencial de las peticiones.

La nueva agencia heredó 350.000 casos pendientes en octubre, la última vez que se dieron a conocer las cifras.

¿Posibles soluciones?

Para intentar resolver la situación, el Gobierno ahora saliente prometió invertir en la modernización del sistema informático, con un portal ya abierto a las solicitudes de concesión y renovación de permisos de residencia, uno de los problemas del SEF, que era incapaz de responder a las peticiones y presentaba varios problemas estructurales.

Paralelamente, en el primer trimestre de 2024, el Ejecutivo dijo que pondría en marcha una operación en colaboración con los ayuntamientos y las oficinas de atención al inmigrante, con recursos de AIMA en las tiendas del ciudadano, para atender las solicitudes pendientes.

La lista de promesas incluye nuevos programas de enseñanza de portugués para inmigrantes, un nuevo centro de atención telefónica de calidad y un nuevo centro multidisciplinar para gestionar los procesos de protección internacional, acompañando a los refugiados y solicitantes de asilo desde su entrada hasta su integración.

La creación de AIMA este año cumplió una vieja promesa del PS, que defendía el fin del SEF.

Las competencias del SEF se transfirieron a seis organismos, pasando las funciones policiales a la PSP, la GNR y la Policía Judicial.

Las funciones en materia administrativa relacionadas con los ciudadanos extranjeros se transfirieron a la nueva agencia y al Instituto de Registros y Notariado(IRN), y también se creó la Unidad de Coordinación de Fronteras y Extranjería, que actúa bajo la autoridad del secretario general del Sistema de Seguridad Interior.

Los inspectores fueron transferidos a la PJ y los empleados no policiales a la AIMA y el IRN, con un "régimen transitorio de adscripción funcional" en vigor, que permite a los inspectores del SEF desempeñar funciones durante un máximo de dos años en la GNR y la PSP en los puestos fronterizos aéreos y marítimos.

AIMA, que también sucedió al Alto Comisionado para las Migraciones, se quedó con 590 trabajadores de las carreras general e informática del SEF.

Con un presupuesto de 81 millones de euros, la nueva agencia cuenta con 740 empleados y prevé 190 nuevas contrataciones y en sus estatutos, el Gobierno afirma que "el modelo de gobernanza que ahora se determina implementa un cambio de paradigma en la forma en que la Administración Pública se relaciona con los ciudadanos extranjeros, tanto en su entrada y permanencia en territorio nacional, como en su acogida e integración".

Este nuevo modelo también pretende combatir el racismo e integrar a los grupos étnicos, "mejorando la calidad de los servicios públicos, con ganancias de eficiencia, y los recursos asignados a los mismos, maximizando las sinergias y potenciando sus resultados".