Según Executive Digest, que cita al diario Público, el objetivo, según la sentencia firmada por 10 jueces del Supremo, es acabar con las situaciones de indignidad que se han creado por la falta de capacidad de respuesta de AIMA a las solicitudes.

La decisión se deriva de una sentencia del Supremo Tribunal de Justicia(STJ) que determina que AIMA debe cumplir el plazo legal de 90 días en las solicitudes de permisos de residencia para inmigrantes.

Así, si los empleados de AIMA no consiguen resolver, en tiempo y forma, los requerimientos judiciales en este sentido, los directivos de la institución podrían tener que pagar de su bolsillo las multas que les puedan imponer los tribunales.

El sucesor del Servicio de Extranjeros y Fronteras(SEF) tiene más de 400 mil procesos pendientes y se enfrenta a la falta de recursos para responder a tantas solicitudes.

Según Artur Girão, presidente del Sindicato de Trabajadores de AIMA, la imposición del tribunal viola la ley, pero no resuelve los problemas. "Sólo esperemos que esta decisión no provoque una precipitación en este tipo de mecanismos, porque, si eso ocurre, la organización se paralizará y los directores no podrán pagar sanciones pecuniarias por situaciones que se producen no bajo su responsabilidad, sino debido a que la agencia no tiene medios para responder a ellas", subraya el responsable, en declaraciones a la radio 'Renascença'.

"La decisión va a presionar a los trabajadores y, sobre todo, a los gestores, en un organismo de reciente creación y -todo el mundo lo sabe- con asuntos pendientes y falta de medios para atenderlos", apunta el responsable, destacando que "las determinaciones de los jueces son para cumplirlas."