En la sesión plenaria, el ministro de Agricultura y Pesca, José Manuel Fernandes, explicó que "la pesca es un sector estratégico para Portugal", pero para ello "los barcos necesitan tener personas que los operen", por lo que el Gobierno solicitó autorización para poder cambiar la legislación del sector.

De lo contrario, este año, "entre el 10 y el 15 por ciento de los barcos pueden tener que parar por no contar con tripulaciones mínimas de seguridad", lo que correspondería a una pérdida de ingresos de entre 35 y 40 millones de euros, explicó el ministro, al considerar que la propuesta "responde a las demandas de las asociaciones del sector".

En la actualidad, más del 60% de los buques pesqueros "sólo pueden ser tripulados por marinos extranjeros", explicó.

La legislación vigente permite a los buques faenar con un máximo del 40% de tripulantes que no sean nacionales de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo (EEE) o de un país de lengua portuguesa.

La nueva ley mantiene este límite pero amplía las excepciones, previo acuerdo con las autoridades de los países de origen de los inmigrantes, facilitando además el reconocimiento de las certificaciones, otro de los problemas actuales.

La propuesta del Gobierno amplía de tres a cinco años el periodo de permanencia de cada tripulante en la misma categoría. Actualmente, los tripulantes que no pudieran subir de categoría tendrían que ser despedidos, según el Ejecutivo.

En el debate, el diputado Paulo Núncio (CDS) admitió que el sector marítimo "enfrenta una preocupante falta de mano de obra", recordando datos que indican una disminución de más del 10 por ciento de los 16 mil pescadores que había en el país en 2018.

Nuno Simões de Melo (Chega) criticó la medida, acusando al Gobierno de haber demostrado su "incapacidad para hacer atractiva la actividad" de la pesca y reclamó incentivos para la contratación de portugueses.

"Nos gustaría ver incentivos para medidas de contratación de nacionales y no la apertura de más inmigrantes a este sector", explicó.